GOBIERNO GUATEMALTECO CRIMINALIZA A DEFENSORES DE NATURALEZA Y DERECHOS HUMANOS
OPINIÓN
(Huehuetenango, Guatemala).- Cada día la situación en Guatemala empeora para los defensores de los recursos naturales y de los derechos humanos. El gobierno de Otto Pérez Molina impone un modelo extractivista sin el consentimiento de los pueblos. Los dirigentes comunitarios viven un momento complicado y peligroso para su integridad, pues el gobierno y las empresas utilizan el Sistema de Justicia para criminalizar las demandas comunitarias.
Como respuesta, los cuatro pueblos que conviven en el país, Maya, Xinca, Garifuna y Mestiza han rechazado este modelo con la celebración de consultas comunitarias que rechazan la aprobación de numerosas licencias de exploración y explotación de los recursos naturales.
En San Juan Sacatepéquez se ha detenido la construcción de la cementera Cementos Progreso S.A. Así mismo, la resistencia en “La Puya´´ cumple tres años de lucha pacífica contra un proyecto minero que amenaza la vida de los habitantes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. En estos días, la resistencia del Municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, se ha destacado por oponerse a un proyecto hidroeléctrico de la empresa española EcoenerHidralia Energía S.A., conocida como Hidro Santa Cruz.
Al comenzar el 2013, el Movimiento Social de Barillas instaló en el 2013 el campamento “Resistencia Nuevo Amanecer” en el camino comunitario que conduce a las instalaciones de la empresa. Su intención era para proteger el río Q´ambalam.
En septiembre del 2013 fue detenido en Huehuetenango, occidente de Guatemala, el activista indígena Maynor López (aún procesado y capturado por civiles a bordo de una camioneta). En mayo del 2012 habían sido detenidos Saúl Mendez y Rogelio Velásquez, condenados a 33 años y cuatro meses de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Feminicidio.
La justicia guatemalteca y la empresa Hidro Santa Cruz los acusa de formar parte de una turba del 200 pobladores que asesinó a Guadalupe Felipe (46) y Mateo Diego Simón (41) el 19 de agosto del 2010 en la comunidad Posa Verde, Santa Cruz Barillas.
Además, este jueves 26 de febrero, otros tres líderes comunitarios, todos defensores del agua y territorio, fueron detenidos por orden de un Juez competente en el departamento de Huehuetenango.
Arturo Pablo, Adalberto Villatoro Hernández y Francisco Juan fueron capturados por las fuerzas de seguridad cuando se presentaron voluntariamente a una de las audiencias en relación a denuncias en su contra. Ahora se encuentran procesados por “detenciones ilegales, amenazas, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas”, de acuerdo con la Causa Penal 139-2013.
El medio Prensa Libre difundió el siete abril del 2013 fotografías en las que supuestamente integrantes del campamento “Resistencia Nuevo Amanecer” portaban armas. Aunque después se comprobó que las fotografías no fueron tomadas en el lugar, comenzó la persecución de los líderes comunitarios. El 21 de abril personal de la empresa se presentó en el lugar. Se les negó el paso. A partir de ese día se abrió la mencionada causa penal.
La captura de los tres defensores de la naturaleza y de los derechos humanos ha generado repudio, consternación y solidaridad desde diferentes áreas de Guatemala, principalmente de la región norte de Huehuetenango, donde se pretenden instalar dos hidroeléctricas.
Distintas organizaciones sociales, ambientales, autoridades municipales y religiosos se han pronunciado y solidarizado públicamente sobre las detenciones y responsabilizan al sistema de justica y al gobierno de Guatemala. Además de la libertad de los tres activistas, se exige la cancelación de las licencias mineras e hidroeléctricas.
“A pesar de que el Ministerio Público le indicara al Juez con artículos de ley que ellos no podían ir a prisión debido a que la investigación del Ministerio Público jamás los llevo a concluir de que habían cometido los delitos de plagio o secuestro, el Juez competente hizo caso omiso”, cuenta Bernardo López Reyes, activista del Municipio de Santa Cruz Barillas.
El alcalde del municipio, Manuel Cándido López, dijo sobre la captura de los tres defensores:
“Yo estoy aquí para pedir públicamente que se considere inmediatamente la liberación de los tres vecinos de Barillas, para que en el municipio no se salga del control y que existan más problemas de grandes magnitudes”.
Aurora Villatoro, hija de uno de los presos, dijo ante la detención de su padre: “Ya es hora de que en Guatemala se aplica sin tener preferencias. Se está viendo que los compañeros están recibiendo una persecución política, todo por defender nuestros recursos naturales”.
Los detenidos de Santa Cruz Barillas serán presentados el seis de marzo ante el juez competente para definir si son enviados a juicio o quedan en libertad. Mientras tanto, los pueblos del territorio Q´anjob´al, Chuj, Popti´Akateco y Mestizo de Huehuetenango han asegura que continuarán su lucha de manera pacífica.
La situación de los presos políticos de Santa Cruz Barillas cada vez se torna preocupante. El Juez Jorge Adalberto Cano Villatoro ordenó el traslado de los tres líderes comunitarios hacia el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18 capitalina.
El traslado de los defensores del agua y de los derechos humanos ocurrió a las 5:30 pm de día tres de marzo después de permanecer durante tres días en el Centro Preventivo de la Zona 1 de Huehuetenango. A pesar que el Juez se excusó de seguir conociendo el proceso, emitió dicha orden.
El abogado defensor de los tres detenidos esperaba que en la audiencia que se tenía programado para éste viernes seis de marzo se lograra comprobar que no existe razón para que el juez haya ordenado la aprehensión. Preliminarmente el proceso se podría realizar en la ciudad capital.