Por Aroldo Mateo | OPINIÓN

 

(Huehuetenango, Guatemala) Tito Arias era el seudónimo de Otto Pérez Molina cuando se encargaba de ejecutar las órdenes de Efraín Ríos Montt en el altiplano guatemalteco. Más de treinta años han pasado de eso, hoy los dos están frente a lajusticia, en distintas posiciones y por distintas causas.

 

Pregunté si alguno de estos militares, ligados a las masacresde la década de los 80, había sido juzgados o por lo menos si habían intentado hacerlo. Todas las personas concordaban en algo: “es imposible tocarlos”.

Algo ha pasado desde entonces.

 

Ahora, Otto Pérez escucha en un juzgado sus cargos. Sin embargo, es complicado explicar lo acontecido en esta semana sin saber el antecedente histórico de la guerra y todas las heridas de esta nación ubicada al sur de la frontera mexicana y que nos es absolutamente desconocida por la poca atención que le ponemos.  Intentaré, entonces, dar algunas pistas para trazar lo que pasa en estos momentos con nuestro país vecino.

Guatemala vivió un conflicto armado e inestabilidad política desde el año de 1956, en el que fue derrocado el general Jacobo Árbenz, hasta 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz.

 

En esos 42 años hubo levantamientos armados por parte de distintos ejércitos populares, golpes de Estado y la subsecuente represión de los militares a estos movimientos sociales que en gran parte fueron integrados por mayas, campesinos pobres y gente de la ciudad de diferentes estratos sociales.

 

Después del golpe de Estado perpetrado en 1954, la presidencia fue ocupada exclusivamente por militaresapoyados por el gobierno de Estados Unidos, quien reconoció sus mandatos y , por extensión,  las medidas que tomaron para sostenerlos, como la tortura, la desaparición forzada y el exterminio sistemático de la población maya.

 

Hacia finales de los años 70, esta situación se recrudeció por la intervención de Estados Unidos, quien donó armamento, entrenamiento, capacitación e inteligencia militar al gobierno de Ríos Montt para detener la fuerza del movimiento popular. Estos años se recordaran como los más cruentos en contra de los movimientos armados.

 

En todo el tiempo en que los militares gobernaron Guatemala se formó una alianza natural entre ellos y los capitales extranjeros, de esta manera los militares pudieron convertirse también en empresarios; es decir, como tenían el poder, se adjudicaron empresas, tierras y contratos. Aunque nunca fueron un grupo homogéneo, contribuyeron a la creación de una nueva oligarquía para mantener el control del Estado a través de negociaciones internas, el miedo y la violencia.

 

Hacia la década de los ochenta, cuando la violencia se acrecentó, la impunidad se dejó ver en su expresión más descarnada, el Banco del Ejército fue una reserva personal de dinero y los proyectos de desarrollo que sirvieron solo a los intereses de estas elites, y desalojaron a las comunidades indígenas cercanas.

 

Entre estos proyectos estuvo la Carretera Transversal Norte, a los costados de esta vía se crearon grandes fincas que conectaba con la frontera de México y con Puerto Barrios, que es la salida al Caribe. De esa manera  tenían asegurados sus productos a menores costos.

En 1994, cuando solo una fracción de los ejércitos populares firmó la paz, no se desestructuró el poder de los militares, no se juzgó a nadie, no se investigó el origen de sus riquezas, al contrario, muchos salieron de las filas de la milicia para irse a la política.

Tanto Ríos Montt como Otto Pérez fueron legisladores, fundaron partidos y tuvieron cargos en la administración pública, el primero, incluso, es ministro de una iglesia evangelista.

 

Durante la segunda mitad de la década de los 90 y toda la primera del siglo XXI estos dos personajes afianzaron sus redes de poder y se movieron en un sistema político que parecía premiar la impunidad. Sin embargo, desde 1999 se presentó la posibilidad de cambiar las condiciones políticas del país; Rigoberta Menchú presentó una denuncia en España por crímenes de lesa humanidad contra Ríos Montt y cuatro generales más. En el 2005 se otorgó una orden de captura para el general, que incluía la extradición a España para ser juzgado, sin embrago nunca se cumplió.

Este fue el contexto en el que nació la Comisión Internacional  Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2006 para coadyuvar con la investigación, la desarticulación y el desarrollo de políticas para erradicar “los cuerpos armados de seguridad e inteligencia ilegales”, un eufemismo para referirse a grupos paramilitares que habían sido creados por el propio ejército y algunos empresarios.

 

A partir de 2007 esta comisión investigó y apoyó a los gobiernos guatemaltecos para desarticular los grupos irregulares del ejército y señalar los excesos de los cuerpos regulares; sin embargo, los magistrados y colaboradores de la comisión se dieron cuenta que la impunidad en Guatemala iba más allá de la violencia y que ésta era también resultado de la corrupción de diversos actores dentro y fuera del gobierno.

Aunque la mayor victoria de la CICIG fue llevar a juicio a Efraín Ríos Montt en 2012 por genocidio, también se dio a la tarea de investigar la Red Moreno,  una antigua red de contrabando y defraudación fiscal que existía desde los años 70.

 

La Red Moreno, paralela al Ministerio de Finanzas públicas de Guatemala, funcionaba como una organización para detectar el contrabando de armas y municiones para los ejércitos populares; cuando la guerra estaba terminando y los ejércitos populares se encontraban mermados, la organización siguió en sus operaciones. En ella estuvieron involucrados varios generales de alto rango, incluido el mismo Ríos Montt.

Alfredo Moreno Molina, señalado como el mayor operador de la red, fue juzgado y condenado por delitos de defraudación fiscal y contrabando, al igual que Francisco Javier Ortiz Arriaga, en el año de 1996.

 

Al iniciar el nuevo milenio, Moreno fue liberado bajo fianza; mientras que Arriaga, gracias a su colaboración con las autoridades para señalar a otros implicados, fue puesto en libertad en ese mismo periodo, reanudando sus actividades operativas en la red, que ahora conocemos como La Línea, hasta hace unos meses que fue recapturado.

 

La conexión de esta organización de defraudación con la presidencia de Otto Pérez Molina se dio por medio de un hermano de Moreno, Marlon Byron, quien fue detenido junto con el capitán Juan Carlos Monzón por robo de autos en 2001.  Sin embargo, ambos fueron absueltos en el mismo año.

Cabe señalar que Carlos Monzón fue secretario particular de la ex vicepresidente Roxana Baldetti (actualmente detenida) y operador de los pagos y cobros de extorsiones para omitir la recaudación de impuestos en los cruces fronterizos

Mientras escribo estas líneas Otto Pérez Molina es trasladado a la cárcel militar de Matamoros, en Guatemala.

Si bien la CICIG cumplió un papel fundamental en este caso, fue la gente en las calles la que permitió poner en el ojo del huracán a Otto Pérez  y presionar a las autoridades para que se hiciera justicia.

 

Si bien la desarticulación de La Línea es un duro golpe para la oligarquía militar y puede ser la punta de lanza para que más militares sean juzgados tras la designación de Alejandro Maldonado como presidente sustituto, esto deja muchas dudas en que esto pueda ser así.

Maldonado fue militante del Movimiento de Liberación Nacional, operó y financió grupos paramilitares durante la década de los 70, además, fue representante ante la ONU durante los gobiernos de Kjell Eugenio Laugerud García y Romeo Lucas García, entre los años de 1974 a 1980, dos de los gobiernos más violentos. Fue magistrado de la Corte Constitucional y retrasó más de un año las investigaciones del asesinato del obispo Geraldi, del cual se sospecha que Otto Pérez fue el autor intelectual. Por último, en 2006, fue el magistrado que redactó la resolución que impidió la extradición de Efraín Ríos Montt a España para ser juzgado por genocidio.

 

Sin duda, la historia de Guatemala no es sencilla y hoy su pueblo enfrenta uno de sus mayores retos.

 

Si bien han señalado que las élites militares y económicas son las que están detrás de la desestabilización y que la CICIG responde a los intereses de Washington, es solo decisión del pueblo organizado, que durante tres meses se ha mantenido en las calles, darle un giro a su historia.